Nóminas sin firmar y sin aplicar descuentos por impuestos, gasto no comprobado, prestaciones otorgadas fuera la de ley, transferencias sin justificar y ocultamiento de datos e incongruencias en la información que ofrece su página de Internet, son algunas de las observaciones que encontró la Auditoría Superior de Michoacán al fiscalizar al poder legislativo estatal
En el Congreso del Estado, prevalece la opacidad y poca rendición de cuentas ya que tan solo en la revisión al ejercicio fiscal 2018, existen por lo menos una veintena de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y que van desde nóminas fantasma, gasto sin comprobar, prestaciones fuera de la ley, transferencias injustificadas y ocultamiento de datos e incongruencias en la información que proporciona su página en Internet.
De acuerdo al informe individual de resultados de la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 emitido por la ASM, la LXXIV Legislatura Congreso del Estado no pudo comprobar la erogación de 275 millones de pesos además de que funcionarios y ex funcionarios del recinto legislativo, se negaron a brincar o justificar la observación, ya que para ellos, “la fiscalización de los recursos financieros no era una actividad esencial” en el marco de la pandemia por la propagación del coronavirus.
A decir del documento, desde el pasado 4 de mayo del presente año, se formalizaron con Acta Circunstanciada, la entrega de escritos a la ex secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán; el 1 de junio al Representante Legal del secretario de Administración y Finanzas del Congreso; el 3 de junio al Representante Legal de la ex Directora General de Finanzas del Congreso y el 3 de junio también del 2020 al Encargado del Departamento de Nóminas, ya que ninguno de éstos, presentaron documentos que comprobaran las observaciones preliminares y los anexos que forman parte de las mismas.
En el documento de la ASM, los ex funcionarios y funcionarios del Congreso, señalaron literalmente que “la actividad de fiscalización no era esencial por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2” que “se analice si existe algún conflicto de intereses de participación del Auditor Superior del Estado de Michoacán” así como que “se ponga a la vista el expediente de auditoría para presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen necesarias”.
Asimismo, en el mismo mes de junio, la Auditoría realizó un informe preliminar de los resultados y observaciones a la cuenta anual del Congreso del Estado y en la que se detectó que el legislativo estatal realizó prestaciones de nómina no contempladas dentro del Tabulador de Sueldos además de que se detectaron nóminas sin firmar y nóminas, tanto de trabajadores como de los propios diputados, a las que no se le realizó la retención de impuestos (SIR) y se aplicaron transferencias sin justificar.
En este apartado, la ASM detalla que las observaciones especificas fueron por el concepto de “Transferencias para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Servicios Generales” con un importe total de 215 millones 033 mil 307 pesos y de los cuales no se presentaron documentos que justificaran dicho gasto.
Igualmente, la revisión al Congreso exhibe que se gastaron 20 millones 510 mil 483 pesos por el concepto de “Transferencias para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Subsidios y Otras Ayudas” y el cual tampoco fue justificado ante el órgano fiscalizador.
Del mismo modo, la ASM señala que para el área de Finanzas del Congreso, existe una observación por otorgar 44 mil 446.90 pesos en prestaciones adicionales al sueldo a un trabajador por “Ajustes por Encargatura” y el cual tampoco está contemplado dentro del Tabulador de Sueldos autorizado para el Congreso además de que también carece de justificación o documentos que justifiquen por qué se otorgó ese beneficio.
A la par, la ASM detectó gastos injustificados por 9 millones 914 mil 647 pesos para “Labores Extraordinarias”, en este caso, es superior a los sueldo autorizados y de los cuales, 3 millones 661 mil 988 están asignados al concepto “Apoyo a Diputados” y otros 2 millones 629 mil 320 pesos para “Gastos Médicos” de los diputados además de que los trabajadores de la Contraloría Interna y la Secretaría de Finanzas del Congreso, recibieron 46 mil 977 pesos y 204 mil 656 pesos respectivamente, también para “Gastos Médicos” aún y cuando cuentan con seguridad social proporcionada por el poder legislativo.
En el mismo sentido, la fiscalización exhibe gastos por 5 millones 356 mil 122 pesos para pagar “Ingresos en Servicios”, y donde las y los diputados, recibieron 5 millones 19 mil 566.51 pesos además de que en dicho concepto, no se aplicó la retención de impuestos sobre la renta (ISR).
Por último, otras observaciones al gasto ejercido por el Congreso en el 2018 son por “Ingresos por Riesgo de Trabajo” y donde no se comprobaron 8 millones 344 mil 149.85 pesos; 7 millones 999 mil 999 pesos para los diputados y el resto para los trabajadores así como nóminas que fueron emitidas sin firma por 7 millones 220 mil 153 de pesos y donde los 40 legisladores que integran al Congreso, recibieron 1 millón 175 mil 949.08 pesos.
Cabe mencionar que además de la fiscalización a la cuenta pública del 2018, la Auditoría Superior de Michoacán realizó una evaluación en materia de indicadores para resultados del Sistema de Evaluación de Desempeño y Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como el análisis de documentación respecto a la rendición de cuentas y en la cual, se exhibe la falta de información en su página de Internet y otros incumplimientos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el bajo rendimiento en el trabajo legislativo.
En tanto relativo a que “la actividad de fiscalización no era esencial por la emergencia sanitaria del coronavirus”, la ASM subrayó que el propio Diario Oficial de la Federación estableció el 31 de mayo del 2020, que “la actividades legislativas en los niveles federal y estatal se consideran esenciales” y ya que la actividad propia de la fiscalización corresponde a una atribución del Legislativo y por lo que no existe razón que justifique el incumplimiento en las observaciones preliminares.
Por: Oscar Mendoza
