El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, pretende revalidar la votación por la que Michoacán estaría contrayendo un adeudo de más de 4 mil 90 millones de pesos a través de una reforma al artículo 26 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, y con la cual, busca un nuevo consenso en el Congreso del Estado.
De acuerdo a la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal, se propone convalidar la votación mediante la cual se aprobó la adquisición del crédito para Michoacán que no fue avalado por votación mayoritaria tal y como establece la legislación.
Y es que el pasado 27 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inválido el artículo 26 de la Ley de Ingresos, y con ello, el procedimiento con el que se había autorizado la contratación un empréstito de más de 4 mil 90 millones de pesos para proyectos de infraestructura del estado.
Sin embargo, ya que el proyecto del Gobierno del Estado no consiguió el aval de dos terceras partes de los 35 diputados que estuvieron presentes en la sesión del Congreso celebrada entre el 30 y 31 de diciembre de 2019, es que ahora busca la revalidación de la votación.
Asimismo, con la reforma al artículo 26, el Ejecutivo estatal busca dejar sin efectos la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de una queja interpuesta por diputados de Morena y el Partido del Trabajo contra el proceso legislativo para aprobar la contratación del crédito.
Cabe recordar que el crédito de más de 4 mil 90 millones de pesos, fue solicitado a finales del año pasado y pretendía usarse para obras de infraestructura, sin embargo, a causa de la queja promovida en la Suprema Corte, a las arcas estatales solo han llegado 2 millones 45 mil pesos del total solicitado por parte de Banorte; mientras que la Secretaría de Finanzas sigue en espera de otros 2 millones 45 mil restantes por parte del banco BanBajío además de que el Ejecutivo estatal, ha utilizado recursos para sus programas y acciones de contingencia ante la pandemia del coronavirus.
“El día 08 de julio de 2020 el Gobierno del Estado recibió la transferencia de los recursos por parte de Banorte, en estricto cumplimiento al contrato celebrado entre ambas partes. Sin embargo, a la fecha Bajío no ha cumplido con la obligación de ministrar los recursos ni ha notificado causa justificada para no hacerlo”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa que envío Aureoles Conejo al Legislativo estatal.
De este modo, la iniciática fue turnada a comisiones del Congreso y se espera que el domingo 22 de noviembre, se vote de nueva cuenta y se verifique, si el consenso permitirá al Ejecutivo estatal, prescindir del resolutivo de la Suprema Corte y con ello hacer efectivo el total de la deuda solicitada.
Por: Oscar Mendoza
