Michoacán

Comunidad de Arantepacua acusa incongruencia de que el fiscal Adrián López Solís se tenga que investigar por los hechos de 2017

A casi 4 años de lo sucedido el 4 y 5 de abril del 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán, los habitantes y familiares de las víctimas caídas a manos de los elementos de la Policía Michoacán continúan con su peregrinar para exigir justicia y reparación del daño, esto a pesar de que hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitara al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y a la Fiscalía General del Estado la investigación de los hechos, así como una disculpa pública. Sin embargo, es el fiscal Adrián López Solís el que tendría que investigarse a sí mismo, ya que él fungía como titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), siendo uno de los presuntos responsables.

De acuerdo a lo documentado por la CNDH, durante ese operativo de la fuerza pública se violaron los derechos humanos a la vida, en agravio a cuatro personas fallecidas; a la integridad personal de 37 lesionados, incluyendo 8 policías estatales; a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio a diez detenidos, y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infringidos a los 38 detenidos del 4 de abril; a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población.

En exclusiva, los familiares de las víctimas caídas y miembros de la comunidad de Arantepacua expusieron su exigencia de castigo para los actores intelectuales y materiales de los hechos de ese abril, pidiendo un juicio para quienes resulten culpables, acusando principalmente a Silvano Aureoles, al entonces secretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona, a Adrián López Solís, al subsecretario Carlos Gómez Arrieta (hoy preso por delitos de tortura en el caso de Ayotzinapa), al que era subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo (hoy titular de la Secretaría), y al director de Gobernación, Víctor Lara Morales, dató el miembro del primer Consejo Comunal de Arantepacua y parte de la Comisión de Justicia, Simón Jiménez.

Que quien fue el encargado de las políticas internas del estado en ese momento, y de las mesas de diálogo, fuera designado después como fiscal, dice Simón Jiménez, se ve como una táctica de Aureoles Conejo, al colocar a su agente de confianza en la concepción de un “fiscal carnal”, para poder tener el control de la justicia.

Sobre esta misma inquietud, Lénica Morales, del Colectivo Liquidámbar, enfatiza que debe ser la Fiscalía General de la República (FGR) y no la del estado la que tenga la facultad de atracción de la investigación, dado que es una contradicción y un absurdo que sea uno de los presuntos responsables el encargado de la impartición de justicia. Eso dilataría excesivamente la investigación, ya que la titularidad de Adrián López Solís se extiende hasta febrero del 2028.

Igualmente, Teresa Prado Estrada, tía del menor de edad asesinado ese día, Luis Gustavo Hernández Cohenete, cree que es muy difícil que el fiscal se enjuicie a sí mismo por el hecho que él ordenó.

Por: Jesús González