Pese a los decretos de austeridad y reducción de gastos y salarios que ha anunciado el gobernador Silvano Aureoles Conejo, la administración estatal que encabeza el perredista ha incrementado los recursos públicos destinados al aparato burocrático.
De acuerdo con un estudio hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el ejercicio fiscal 2019, el Gobierno de Michoacán incrementó en un 12.6 por ciento el presupuesto para la burocracia estatal.
Según el análisis hecho por el IMCO, de los 78.86 millones de pesos aprobados para Michoacán en el 2019, la administración de Aureoles Conejo gastó el 38 por ciento en para mantener a las y los empleados al servicio del poder ejecutivo estatal.
En ese sentido, el Gobierno del Estado destinó 29.7 millones de pesos para el aparato burocrático y de los cuales 12.58 fueron para la nómina del personal básificado; 8.42 millones en prestaciones y 4.93 millones para sueldos de personal de confianza y 3.24 millones para gastos de seguridad social.
Asimismo, la administración de Silvano Aureoles ejerció poco más de un millón de pesos en alimentos, combustibles, vestuario, artículos deportivos, prendas de protección y materiales como papelería de oficios y los vehículos oficiales.
Igualmente, el informe señala que el Gobierno de Michoacán gastó más de 5.27 millones de pesos en servicios generales para el estado y de los cuales, 1.87 millones fueron para servicios generales; 1.42 millones para arrendamiento; 804 mil pesos para servicios profesionales, científicos y técnicos y 491 mil pesos para “servicios básicos”.
Finalmente, el IMCO añade que la administración estatal destinó el 33 por ciento de su presupuesto en transferencias, asignaciones y subsidios; el 17% en participaciones y aportaciones para los municipios, el 3% para deuda pública y solo el 1% en inversión y obra pública.
Cabe mencionar que el estudio del IMCO advierte sobre la responsabilidad en la falta de seguimiento a los presupuestos por parte de los Congresos locales pues la mayoría de los gobiernos, realiza informes trimestrales sobre sus finanzas públicas a las y los diputados, por lo que alerta que las diferencias sistemáticas entre los montos aprobados y ejercidos que se documentan, evidencian la ausencia de contrapesos por parte de los poderes legislativos en el seguimiento del gasto estatal.
Por: Oscar Mendoza
