Miembros de la comunidad de Arantepacua se manifestaron este jueves en la Ciudad de México para exigir a la Fiscalía General de la República que ejerza la facultad de atracción de los delitos de homicidio, tortura, malos tratos, allanamientos, entre otros, cometidos presuntamente por el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y por 46 funcionarios más, durante el operativo policiaco perpetrado por su gobierno y la entonces Procuraduría de Justicia del Estado el 4 y 5 de abril de 2017, tal como lo acredita la Recomendación 42VG/2020 de la CNDH.
Con una piñata que representa al gobernador michoacano al interior de una celda, los miembros de la comunidad solicitan que sea la autoridad federal la que investigue este operativo, puesto que es el fiscal Adrián López Solís quien estaba a cargo de las políticas internas del estado en ese año, cuando era secretario de gobierno.
Asimismo, entre la lista de los funcionarios a los que se les atribuyen responsabilidades, además de los ya mencionados, se encuentra Juan Bernardo Corona Martínez (entonces secretario de Seguridad Pública del estado), Carlos Gómez Arrieta (Subsecretario de Seguridad Pública y hoy preso por delitos de tortura en el caso de Ayotzinapa), Armando Hurtado Arévalo (entonces subsecretario de Gobierno) y Víctor Lara Vidales (entonces Director de Gobernación), por mencionar algunos de los más altos mandos de ese tiempo.
“Lo anterior en virtud de que después de más de 4 años, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha demostrado una clara inactividad e ineficacia al no haber consignado a nadie por el caso Arantepacua”, informó el Colectivo Liquidámbar en un comunicado.
Cabe señalar que de acuerdo a lo determinado por la CNDH, en una investigación de casi 4 años, se determinó la responsabilidad del Gobierno de Michoacán por 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 48 detenciones arbitrarias, más de 70 pobladores lesionados ilegalmente, 56 allanamientos ilegales, la violación del derecho humano a la protesta social y la libertad de expresión, dejando un saldo de más de 213 víctimas directas y más de 1 mil indirectas.
Por: Jesús González
