Michoacán

Pobladores de Arantepacua acusan complicidad entre autoridades; FGR decidió no investigar su caso

Pobladores de Arantepacua, dieron a conocer la impugnación a la negativa hecha por la Fiscalía General de la República para traer el caso de la intervención armada de la policía Michoacán en la comunidad indígena los días 4 y 5 de abril del 2017 y lo que dejó cuatro muertos, torturados y detenciones arbitrarias.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, los integrantes del Concejo Comunal Indígena de Arantepacua, informaron que el pasado 10 de marzo, la FGR determinó no ejercer acción penal por caso, aduciendo que “son los propios afectados quienes han impedido la investigación” y lo cual su juicio revictimiza a los pobladores al culparlos por la impunidad de las autoridades.

Asimismo, los comuneros lamentaron la postura de la FGR y la cual argumentó que los afectados, no han permitido que las autoridades locales realicen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos” y lo que para ellos, muestra la complicidad de la institución con los agresores, entre ellos, el actual fiscal del estado, Adrián López Solís y quien durante los sucesos ocupaba la titularidad de la Secretaría de Gobierno en la administración de Silvano Aureoles.

Cabe recordar que en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen, las autoridades policiacas implementaron un operativo para “evitar conflicto social” con la vecina comunidad de Capacuaro y cuyos comuneros retenían vehículos para presionar a las autoridades estatales y agrarias.

Por ello, el 5 de abril de ese año, se instrumentó un operativo con más de 400 elementos policiacos para intentar la liberación de los vehículos y se suscitó un tiroteo con cuatro víctimas mortales, entre ellos, un joven estudiante de bachillerato.
De este modo, extraoficialmente el saldo del operativo fue de cuatro fallecidos, 10 personas torturadas, 38 casos de “tratos crueles e inhumanos”, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas según el veredicto emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 42PG/2020.

Por: Oscar Mendoza