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“Feminicidio” uno de los principales temas legislados en el congreso de Michoacán este 2023

Por: Miguel Ángel Santos

Morelia, Michoacán.- En el Congreso de Michoacán, uno de los principales temas que fueron legislados fue el del feminicidio en el estado, siendo uno de los primeros avances durante este año el incremento de su pena hasta a 60 años de prisión en donde se contempló como un agravante si la mujer se encontrara embarazada, logrando así su homologación con el tipo penal.

Con la aprobación de este dictamen realizado por las comisiones de Justicia e Igualdad Sustantiva y de Género, también se establece la pena de hasta 40 años en el caso de tentativa de feminicidio, mientras que si la víctima está embarazada se impondrá hasta 35 años adicionales a la pena.

“La privación de la vida ocurre cuando la víctima se encuentra embarazada. En este caso, si se provoca la pérdida del producto de la concepción, se impondrá al agresor, de manera adicional, una pena de 15 a 35 años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por el delito de feminicidio”, señala el dictamen.

Además, también se contemplan sanciones para funcionarios públicos que entorpezcan la justicia de forma maliciosa o por negligencia al señalar:

“Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a diez años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

Sin embargo, esto no fue suficiente para colectivas feministas, así como para la mamá de la joven profesora Jessica González Villaseñor, quien fue víctima de feminicidio, esto debido a que no se han dictaminado diversas iniciativas respecto al feminicidio presentadas por ella.

Asimismo, se siguieron presentando iniciativas en torno al feminicidio, como la que presentó la diputada Mónica Larissa Pérez Campo con la que se busca el sancionar de forma más severa a los funcionarios públicos que retrasen de forma mal intencionada la impartición de justicia a mujeres víctimas de feminicidio.

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