Por considerarse como un derecho humano y colectivo, la libertad de expresión resulta fundamental para la consolidación de países democráticos, y por ello, sus instituciones están obligadas a garantizar y salvaguardar el ejercicio de la misma, coincidieron la periodista Laura Yadira Marín Rosas y la jurista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gabriela Ponce Báez.
Así lo manifestaron ambas disertantes en el marco de una mesa de análisis convocada por la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, y en la cual, se compartieron experiencias y perspectivas sobre la libertad de expresión y la jurisprudencia vigente para que esta pueda ejercerse.
En ese sentido la comunicadora Laura Yadira Marín, recordó que ella misma, fue víctima de un intento por coartar su libertad de expresión, sin embargo gracias a la jurisprudencia actual, pudo acudir a las instituciones para garantizar su integridad y reafirmar su derecho a informar pese a la tentativa para que no lo hiciera.
De igual forma, la periodista lamentó que otra forma de atentar contra la libertad de expresión, sea a través de presiones económicas contra los medios de comunicación, y donde los convenios de publicidad, se usan como condicionante para generar opiniones que sean cómodas a intereses de gobiernos y poderes fácticos.
Por su parte Gabriela Ponce, actualmente secretaria auxiliar en la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz de la Primera Sala de la SCJN, remarcó que la libertad de expresión, es un derecho humano y universal cuya protección es obligación del estado y sus instituciones.
Por ello, explicó que países democráticos como México, cuentan con una rica experiencia en materia jurídica para garantizar el ejercicio de libre de expresión, tanto para periodistas, como para la sociedad en general ya que se trata, de una conquista ganada por la sociedad civil y la cual es fundamental para la vida democrática.
Por: Oscar Mendoza
